La privatización de la empresa pública en España comenzó hace treinta años. Fue concretamente a partir de 1984, con el PSOE gobernando con mayoría absoluta, cuando empezó a producirse la desinversión en el espectro empresarial estatal, aunque todavía era pronto para hablar de una manifiesta estrategia de privatización. En 1989, todavía con los socialistas en el Ejecutivo, la profesora Zulima Fernández publicó un estudio en el que se leía: "Las medidas de fomento de la competencia está provocadas, al menos parcialmente, por la incorporación a la CEE". En efecto, lo que en aquel momento fue una serie de medidas destinadas a cumplir con los objetivos macroeconómicos dictados desde Europa para formar el incipiente Mercado Único, tardaron unos años más en responder a cuestiones ideológicas y a necesidades económicas -una de las más importantes, el equilibrio presupuestario gracias a los beneficios reportados por las empresas privatizadas-. Esta primera etapa de "racionalización organizativa" (término adoptado por José María Serrano) que se extendería hasta principios de los noventa, por un lado dio lugar a la creación de holdings como Repsol o Argentaria para agilizar su presencia en el mercado y, por otro, provocó la privatización tanto de empresas que no resultaban viables en el ámbito público (Seat) como de empresas donde la presencia de Estado era poco menos que inexplicable (Viajes Marsans). Simultáneamente, los activos de algunas empresas (Repsol,Argentaria) fueron sacados a Bolsa para estimular su rendimiento en el mercado.
1995 es una fecha clave para entender este proceso: se suprimieron el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), de forma que el entramado empresarial público quedaba dividido en dos. De una parte teníamos a la Agencia Industrial del Estado, que incorporaría a las empresas con dificultades para subsistir sin la financiación estatal; y de otra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se hizo cargo de las empresas del Teneo, aquellas que resultaban viables dentro del INI. Este último, unido al Ministerio de Fomento, fueron los encargados de fomentar la privatización empresarial en España a partir de entonces, promoviendo la desinversión pública y facilitando la competitividad.
Hasta este momento el fenómeno de adelgazamiento del Sector Público también se conocía como "privatización silenciosa" (profesor Álvaro Cuervo) debido a que respondería a exigencias tecnológicas y estratégicas para el desarrollo de las distintas empresas. Recordemos además que la Administración, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, se hizo cargo de los bancos en crisis (también de los activos procedentes de la expropiación de Rumasa). Sin embargo, en 1996 llega al poder un partido con una clara disposición mercantilista y se profundiza en la privatización mediante la puesta a la venta de los paquetes finales de Repsol Telefónica, Argentaria o Endesa. El proceso ya no fue 'silencioso' nunca más.
En una tendencia que no ha hecho más que agudizarse en la última década, esta mañana la Agencia EFE da a conocer lo siguiente:
"El Consejo de ministros aprobará hoy un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que incluirá la extinción de 27 sociedades mercantiles estatales (...) El plan afectará a corto plazo a un total de 49 empresas, el 35 por ciento de las 140 existentes, ya que además de suprimir 27, se agilizarán procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y se desinvertirá en otras ocho empresas."*
Las Sociedades Mercantiles Estatales que va a 'reestructurar' el Consejo de ministros son aquellas en las que la pariticipación, directa o indirecta, de los entes del Sector Público en su capital social son mayores al 50%. La lógica neoliberalizadora sigue su curso con el camino bien despejado.
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